GLORIA VERGARA. MADRID
La Dirección General de la Policía y la Guardia Civil han decidido abrir expediente contra los ocho o diez agentes del Instituto Armado que se manifestaron el pasado 18 de octubre en Madrid. Bajo el lema “dignidad económica y profesional” reivindicaban mejoras salariales e igualdad en los sueldos con los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y otros agentes autonómicos.
Alfredo Pérez Rubalcaba será el encargado de, en los próximos días, sacar a la luz los expedientes de los guardia civiles afectados.
El problema al que se enfrentan los miembros de las fuerzas nacionales es que, en la pasada legislatura fue aprobada una ley orgánica que prohíbe expresamente a los Guardias Civiles la participación en actos de naturaleza sindical; de forma que ya avisados de los riesgos que corrían al acudir, por una circular firmada y distribuida por Francisco Javier Velázquez, director de Policía y Guardia Civil por todas las unidades de la benemérita tan solo unos días antes de la manifestación, hicieron caso omiso de ésta sabiendo que podían ser sancionados con faltas muy graves como, contravenir a la Ley o por desacatar la orden que se les daba a través de esa circular.
Se hará cargo de esta situación los servicios Jurídicos del Cuerpo. Tras la comunicación de los expedientes, los agentes participantes de la manifestación prestarán declaración y meses después se impondrá una sanción que, al tratarse de faltas muy graves podrán ser desde perder puestos en el escalafón o ser suspendidos desde tres meses y un día hasta un máximo de seis años; también pueden ser expulsados definitivamente del Cuerpo.Aun con la retirada de asociaciones de la Guardia Civil de la manifestación, insisten en la Ley que se refiere a la libertad de expresión, igual para todos los ciudadanos españoles, pero el hecho de que fuera convocada por los sindicatos policiales otorga un carácter de naturaleza sindical, claramente prohibida por la circular citada anteriormente.
La Dirección General de la Policía y la Guardia Civil han decidido abrir expediente contra los ocho o diez agentes del Instituto Armado que se manifestaron el pasado 18 de octubre en Madrid. Bajo el lema “dignidad económica y profesional” reivindicaban mejoras salariales e igualdad en los sueldos con los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y otros agentes autonómicos.
Alfredo Pérez Rubalcaba será el encargado de, en los próximos días, sacar a la luz los expedientes de los guardia civiles afectados.
El problema al que se enfrentan los miembros de las fuerzas nacionales es que, en la pasada legislatura fue aprobada una ley orgánica que prohíbe expresamente a los Guardias Civiles la participación en actos de naturaleza sindical; de forma que ya avisados de los riesgos que corrían al acudir, por una circular firmada y distribuida por Francisco Javier Velázquez, director de Policía y Guardia Civil por todas las unidades de la benemérita tan solo unos días antes de la manifestación, hicieron caso omiso de ésta sabiendo que podían ser sancionados con faltas muy graves como, contravenir a la Ley o por desacatar la orden que se les daba a través de esa circular.
Se hará cargo de esta situación los servicios Jurídicos del Cuerpo. Tras la comunicación de los expedientes, los agentes participantes de la manifestación prestarán declaración y meses después se impondrá una sanción que, al tratarse de faltas muy graves podrán ser desde perder puestos en el escalafón o ser suspendidos desde tres meses y un día hasta un máximo de seis años; también pueden ser expulsados definitivamente del Cuerpo.Aun con la retirada de asociaciones de la Guardia Civil de la manifestación, insisten en la Ley que se refiere a la libertad de expresión, igual para todos los ciudadanos españoles, pero el hecho de que fuera convocada por los sindicatos policiales otorga un carácter de naturaleza sindical, claramente prohibida por la circular citada anteriormente.
