ELÉA MOTTA. ALCALÁ DE HENARES
Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una organización acusada de establecer más de 600 matrimonios entre ciudadanos nigerianos y españoles (o comunitarios). Se trata de uno de los grupos más activo en ese tipo de delito, que realizaba matrimonios fraudulentos en diversas provincias, como Alicante, Palma de Mallorca, león, Murcia, Canarias, Orense, Lugo, Ávila, Barcelona y Madrid. Algunas de las esposas del bando llegaron a casarse hasta tres veces con hombres diferentes.
El grupo falsificaba la documentación en los expedientes matrimoniales para favorecer la entrada y permanencia ilegal extranjeros en España, a quienes eran cobrados 15.000 euros. De esta cantidad, 3.000 euros iban a parar al contrayente español o comunitario y el restante, iba destinado al organizador, que se encargaba de pagar los gastos ceremoniales y las ropas utilizadas. En los gastos también estaban incluidos todos los certificados de nacimiento, de edad, soltería o los cursillos prematrimoniales.
La operación se inicio el pasado mes de junio, cuando funcionarios de la UCRIF (Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales) de Palma de Mallorca manifestaron un considerable aumento de las presentaciones de solicitudes de residencia de ciudadanos nigerianos, que se acogían al Régimen Comunitario, alegando estar casados con ciudadanos españoles o provenientes del resto de países de la Unión Europea.
Desde el inicio de las investigaciones, 67 personas fueron detenidas, de las cuales 15 de eses son de nacionalidad española y el resto nigerianos, entre ellos figuran los dos máximos responsables de la red. A los detenidos se les acusa de delitos de falsedad documental, favorecimiento a la inmigración y asociación ilícita. Además de esa organización, la Policía ha desarticulado otro grupo que también favorecía la inmigración ilegal a través de esos casamientos, en Valencia. En esa ocasión, la banda promovía la inmigración ilegal de ciudadanos pakistaníes con pasaportes falsificados de Sudáfrica, que regularizaban la situación de sus clientes a partir de matrimonios de conveniencia con mujeres portuguesas, para después tramitar autorizaciones de residencia de familiar comunitario.
El grupo falsificaba la documentación en los expedientes matrimoniales para favorecer la entrada y permanencia ilegal extranjeros en España, a quienes eran cobrados 15.000 euros. De esta cantidad, 3.000 euros iban a parar al contrayente español o comunitario y el restante, iba destinado al organizador, que se encargaba de pagar los gastos ceremoniales y las ropas utilizadas. En los gastos también estaban incluidos todos los certificados de nacimiento, de edad, soltería o los cursillos prematrimoniales.
La operación se inicio el pasado mes de junio, cuando funcionarios de la UCRIF (Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales) de Palma de Mallorca manifestaron un considerable aumento de las presentaciones de solicitudes de residencia de ciudadanos nigerianos, que se acogían al Régimen Comunitario, alegando estar casados con ciudadanos españoles o provenientes del resto de países de la Unión Europea.
Desde el inicio de las investigaciones, 67 personas fueron detenidas, de las cuales 15 de eses son de nacionalidad española y el resto nigerianos, entre ellos figuran los dos máximos responsables de la red. A los detenidos se les acusa de delitos de falsedad documental, favorecimiento a la inmigración y asociación ilícita. Además de esa organización, la Policía ha desarticulado otro grupo que también favorecía la inmigración ilegal a través de esos casamientos, en Valencia. En esa ocasión, la banda promovía la inmigración ilegal de ciudadanos pakistaníes con pasaportes falsificados de Sudáfrica, que regularizaban la situación de sus clientes a partir de matrimonios de conveniencia con mujeres portuguesas, para después tramitar autorizaciones de residencia de familiar comunitario.
