BERTA OLANO. MADRID
La situación que se vive en la Cañada Real Galiana ha pulverizado la línea que separa la legalidad de la ilegalidad, y la realidad del surrealismo. Ayer el sector 5 fue acordonado por miembros del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional y agentes de la Guardia Civil para proteger el área y poder proceder al derribo de cinco viviendas que el Ayuntamiento de Madrid, sin la pertinente orden judicial, había autorizado en este asentamiento ilegal en el que viven unas 40.000 personas. La razón que el alcalde Alberto Ruíz Gallardón ha dado es que todas ellas eran viviendas deshabitadas, donde no es necesario el auto de un juez para derribarlas.
En cambio, muchos de los vecinos tienen sus papeles de empadronamiento, emitidos por la Junta de Distrito, con perfecta validez legal. De hecho, dos de las casas derribadas ayer sí estaban habitadas, en concreto por dos familias marroquíes, por lo que, en el caso de estas dos casas, la 45 H y la 45G, la orden judicial sí hubiera sido necesaria.Esta mañana, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, ha reclamado de nuevo la creación de una comisión con la Comunidad de Madrid, la Delegación de Gobierno y los cinco ayuntamientos afectados por la Cañada Real --Madrid, Getafe, Coslada, San Fernando de Henares y Rivas Vaciamadrid --. En unas declaraciones a la Cadena SER ha reclamado al Ejecutivo de la capital que "de asistencia social e higiénica, así como servicios" mientras se prolongue la situación, especialmente tras las lluvias de las últimas semanas, que han dejado anegadas muchas de las casas de la Cañada. De momento, aunque todos los ayuntamientos afectados por los problemas de la Cañada Real Galiana dicen haber pedido que se forme dicha comisión, no hay solución para la situación en que viven estas 40.000 personas.
