MANUEL SAINZ. BOGOTÁ
Álvaro Uribe, presidente de Colombia, y el comandante en jefe de las Fuerzas Militares colombianas, Freddy Padilla de León, anunciaron esta mañana desde la sede presidencial la entrega a la justicia ordinaria de 25 militares acusados del asesinato de once jóvenes en Soacha, en la provincia de Cundinamarca.
El gobierno colombiano ha ordenado el procesamiento de 25 militares, incluidos tres generales, once coroneles, tres comandantes, un capitán, un teniente y seis suboficiales. Los generales cesados Roberto Hernández, José Joaquín Franco Cortés y Paulino Coronado.
Uribe, en declaraciones a la televisión colombiana, "...No se puede confundir la eficacia en las operaciones militares con la cobardía para enfrentar a los delincuentes y la distorsión de la eficacia, asesinando a inocentes".
La decisión coincide con la visita de Navi Pillay, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, en un momento en que Colombia ha recibido serios varapalos de ONG's internacionales, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Los jóvenes desaparecieron entre enero y agosto de este año en las localidades de Soacha y Ciudad Bolívar, en Bogota. Sus cadáveres fueron localizados posteriormente en el noroeste del país. Las primeras versiones de las autoridades indicaban que los jóvenes habían sido torturados y fusilados al intentar escapar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Sin embargo, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, admitió que las informaciones oficiales indicaban que los jóvenes habían muerto en combate con el Ejército, y que, tras realizarles la autopsia, se determino que los jóvenes habían fallecido entre uno y cuatro días después de que se informara de sus desapariciones.
Los familiares de las víctimas han pedido justicia y que se condene a los culpables de la desaparición y posterior homicidio de los jóvenes.
El gobierno colombiano ha ordenado el procesamiento de 25 militares, incluidos tres generales, once coroneles, tres comandantes, un capitán, un teniente y seis suboficiales. Los generales cesados Roberto Hernández, José Joaquín Franco Cortés y Paulino Coronado.
Uribe, en declaraciones a la televisión colombiana, "...No se puede confundir la eficacia en las operaciones militares con la cobardía para enfrentar a los delincuentes y la distorsión de la eficacia, asesinando a inocentes".
La decisión coincide con la visita de Navi Pillay, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, en un momento en que Colombia ha recibido serios varapalos de ONG's internacionales, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Los jóvenes desaparecieron entre enero y agosto de este año en las localidades de Soacha y Ciudad Bolívar, en Bogota. Sus cadáveres fueron localizados posteriormente en el noroeste del país. Las primeras versiones de las autoridades indicaban que los jóvenes habían sido torturados y fusilados al intentar escapar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Sin embargo, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, admitió que las informaciones oficiales indicaban que los jóvenes habían muerto en combate con el Ejército, y que, tras realizarles la autopsia, se determino que los jóvenes habían fallecido entre uno y cuatro días después de que se informara de sus desapariciones.
Los familiares de las víctimas han pedido justicia y que se condene a los culpables de la desaparición y posterior homicidio de los jóvenes.
