VALENTINA TRONI. REDACCIÓN LOCAL
Ayer martes por la tarde, La Comunidad de Madrid y el vicepresidente Ignacio González a título personal, presentaban una denuncia ante el juzgado de guardia para que investigue el espionaje y seguimiento del vicepresidente del gobierno regional perpetrado por ex policías y ex guardias civiles al servicio del consejero de interior, Francisco Granados.
González podía haber sido objeto de cámaras ocultas y exhaustivas persecuciones durante ocho meses en viajes oficiales y personales al extranjero para atribuirle conductas delictivas e irregulares.
En unas declaraciones el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, explicaba que al tratarse de un personaje público dicho espionaje no constituía un delito, en cambio sí, otra clase de actuaciones que se valorarán. La Comunidad de Madrid ha recalcado que para que dichos seguimientos pudiesen producirse los implicados usaron información reservada, que no es posible obtener de ningún medio público, extraída con antelación para organizar las grabaciones y hacer las fotos. Los servicios jurídicos consideran que se han producido controles y grabaciones clandestinas, y que dichas imágenes han sido reveladas a terceros, además de haberse apoderado de una gran cantidad de cocumentos, por lo que la situación reviste gravedad. Dejando claro que el órgano judicial procederá a investigar la culpabilidad e identidad de los autores y destapar posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos, tipificado en los artículos 197 a 201 del código penal.
La presidenta Esperanza Aguirre ha declarado que “ la denuncia no va dirigida a nadie” y que si se están elaborando informes de espionaje se está “delinquiendo”.Por su parte Francisco Granados apoya que se realice una investigación y muestra su deseo de explicarse en los tribunales.
